Gerente de HCM a Cinco Días

El debate de las pensiones también se extiende a la atención sanitaria de los mayores. Solo la colaboración entre la sanidad pública y la privada podrá resolver el problema. Así lo explica en  Cinco Días el gerente de Hospitales Católicos de Madrid, José Cordero.

Probablemente, la demografía sea uno de los aspectos que a medio y largo plazo más impacto y presión ejercerán sobre los servicios asistenciales públicos, y en especial en países como España, donde contamos con un modelo de reparto en lo que concierne a las pensiones y un sistema universal de acceso a los servicios de salud. En ambos casos, la pirámide población constituye un elemento determinante.

En el primero, porque las pensiones de los jubilados se sufragan con las cotizaciones de los trabajadores en activo, y la coyuntura actual nos indica un peligroso desequilibrio entre contribuyentes netos y beneficiarios, cuya curva se irá ensanchado en los próximos diez años por la incorporación de la llamada generación del baby boom de los sesenta. Y en el segundo, porque esa extensa generación, que en pocos años llegará a la edad de retiro, se convertirá, precisamente por razones del ciclo vital, en demandantes activos de atención sanitaria.

Se trata, como decimos, de dos grandes desafíos para la financiación de los servicios públicos en nuestro país que deberemos abordar ya, pues su solución, a la vista de los plazos tasados que tenemos por delante, no se puede demorar por más tiempo. Además, en lo que se refiere al sistema sanitario, sobre el que deseo plantear algunas reflexiones, la situación se complica si cabe un poco más, pues al incremento notable de la población que precisará mayor atención en los próximos 30 o 40 años, se suma el fenómeno de la concentración en las ciudades, y de manera inversa, la creciente despoblación de los territorios rurales, que encarece e introduce complejidad en la prestación de este tipo de servicios.

Otra cuestión, sin duda también relevante para la sostenibilidad del sistema, es el representado por el incremento de la esperanza de vida de la población. España, actualmente, es el segundo país de la OCDE con mayor esperanza de vida al nacer, que se sitúa en los 83 años para los hombres y en los 85 para las mujeres, tras haber experimentado un aumento de diez años desde 1970 hasta nuestros días. De hecho, la población comprendida hoy por encima de esos umbrales representa un 3% del total, y la proporción seguirá aumentando hasta alcanzar un 6% en 2050. Pero, incluso si tomamos como referencia el colectivo compuesto por los mayores de 65 años, edad que marca el inicio de la jubilación, nos encontramos con que actualmente constituye el 18% de la población en España, previéndose que en el 2050 supere el 40%.

Esta realidad, en conjunción de un extraordinario desarrollo de las tecnologías médicas y de los tratamientos, llevará, como de hecho estamos viendo en el presente, a una mayor incidencia de la cronificación de las enfermedades, lo que en la práctica supondrá la dispensación de servicios ambulatorios u hospitalarios regulares y periódicos en este tramo de la vida. Viviremos más años, pero tendremos que aprender a convivir con dolencias en estado latente bajo supervisión médica.

A este respecto, y como consecuencia de todos estos factores que estamos comentando, hacia el 2020, como se encarga de recordarnos el informe Cronos, el efecto del envejecimiento de la población hará necesario el aumento del gasto sanitario en un 10% –actualmente, el gasto total en salud en 2016 fue de 70.635,7 millones de euros, el 6,3% del PIB–. Y eso significará un esfuerzo tasado superior a los 30.000 millones de euros a la altura de 2025. Son, como vemos, cifras muy abultadas que podrán a prueba la capacidad del Estado para financiar el sistema y asegurar la igualdad en el acceso a los servicios de Salud, y que probablemente requerirá de la puesta en marcha de medidas imaginativas que pasan por profundizar en la colaboración del sistema sanitario público y el privado.

Los puntos clave de este debate estarán marcados por el análisis de aspectos de capacidad y eficacia, pero también, de forma preponderante, por los de eficiencia, lo que implica hablar de modelos de gestión relacionados con tecnología, compras y suministros, organización de los recursos humanos y logística sanitaria, entre otros. Algunos estudios sectoriales nos hablan de un diferencial del gasto per cápita entre el sector público y el privado del 50%, lo que indica que existe un amplio margen de mejora en términos de eficiencia por parte del sistema público, y también un vasto campo de aspectos en los que se puede perpetrar esa deseable colaboración que es necesario explorar con voluntad de llegar a soluciones estructurales que no apelen solo a un incremento insostenible del gasto público.